Plaza de la Encarnación de Sevilla. Anual (Wikimedia Commons)
Ya lo avanzábamos en este blog en el mes de mayo: Sacyr se había precipitado a la hora de instalar cámaras de videovigilancia en la plaza de la Encarnación de Sevilla. Ahora, se confirma la sanción que impone por ello la Delegación del Gobierno en Andalucía. El expediente sancionador ya ha sido abierto y en el se manifiesta que “este centro directivo ha incoado un expediente sancionador a la empresa Sacyr por poder constituir los hechos denunciados una infracción grave” de la Ley de Seguridad Privada y la de Protección de la Seguridad Ciudadana.
El texto del expediente es muy claro a la hora de indicar que, tras una inspección llevada a cabo por la Unidad Territorial de Seguridad Privada en la instalación Metropol Parasol, todas las cámaras se encontraban operativas, pudiendo visualizarse en monitores todas las imágenes captadas. Hablamos de un total de 25 cámaras, 19 de ellas exteriores, repartidas en las seis torres de la instalación. Aquel informe era de abril.
Un mes después, otro informe de la Policía Nacional señalaba que dichas cámaras de videovigilancia no están operativas. De hecho, aquel informe describía cómo “se constata que las cámaras, que recogen imágenes de la vía pública, han sido envueltas con bolsas de plástico color negro” y que “la habitación donde se visionaban las imágenes está cerrada y el sistema de videograbación informático desactivado”.
El resultado ha sido la apertura de este expediente sancionador, considerando que Sacyr ha cometido una “infracción grave”, y se ha procedido a trasladar dicho expediente a “la Agencia Española de Protección de Datos por si hubiera vulneración de los preceptos contemplados en la normativa de su competencia”. Y presumiblemente la habrá y, presumiblemente, la sanción será ejemplar. Los sevillanos están de enhorabuena por poder comprobar cómo continúan funcionando los mecanismos de defensa, de garantías de derechos y libertades ciudadanas.
